UPyD contra la corrupción

UPyD propone al Ayuntamiento de Alicante “actuar” contra la corrupción en lugar de “criticar” al rival para luego no hacer nada

LA CLASE POLÍTICA Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE HAN CONVERTIDO EN EL TERCER PROBLEMA DEL PAÍS POR DETRÁS DEL PARO Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Unión, Progreso y Democracia ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Alicante solicitando el apoyo de esta institución a la Proposición de Ley Orgánica de principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública, que el partido a través de su Diputada nacional Dª Rosa Díez ha presentado en el Congreso de los Diputados:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_314-01.PDF

El candidato a la Alcaldía de Alicante Fernando Llopis acompañado, por varios componentes de la lista electoral que UPyD presenta en Alicante, registraron el escrito en el Ayuntamiento de Alicante.


Según el candidato a la Alcaldía de Alicante, Fernando Llopis, resulta imprescindible reformar las leyes electorales e introducir las listas abiertas, para impedir tener que votar “a la fuerza” a imputados colocados por las direcciones de los partidos para blindarles ante los tribunales. Además indicó que “muchos de los que forman la lista de algún partido mayoritario no podría formar parte de ninguna lista de UpyD , ya que nuestros estatutos impiden formar parte del partido y de las listas a personas imputadas”.


UPyD propone que en los próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento de Alicante se apoye mediante una moción la aprobación de la citada Ley, ya que es imprescindible dotarse de mecanismos que eviten que en España, durante el 2010, sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabilizara 750 investigaciones con más de 1.000 personas implicadas e incautó más de 3.000 millones de euros por casos de corrupción.


Entre otras, las medidas propuestas son:

1.- Las que pretenden evitar que las personas de las que hay claros indicios de corrupción puedan entrar o permanecer en las instituciones. La Ley regula que los imputados por delitos contra las administraciones públicas a los que se les haya abierto juicio oral no puedan ir en las listas electorales y que si ya están elegidos tengan que dejar sus cargos.

2.- Las que buscan impedir que los políticos o los partidos puedan ofrecer como si fueran suyos puestos en las administraciones públicas, siguiendo prácticas clientelares, y tratos de favor en los contratos administrativos. Y se establece un régimen más estricto de prohibiciones de contratar, para que ninguna empresa pueda celebrar contratos, si tiene en nómina altos directivos, asesores, etc. relacionados familiarmente con un cargo del órgano de contratación de la administración con la que pretenden contratar.

3.- Las que tienen por objeto prevenir la posibilidad de que un cargo electo, miembro de un Gobierno o alto cargo pueda dar preferencia a sus intereses privados sobre los públicos. Para ello, se regula más duramente el régimen de sus incompatibilidades.

4.- Las que atacan una de las mayores vías de corrupción: la financiación de los partidos políticos. Deberán aparecer todos sus gastos e ingresos desglosados y no quedará fuera del alcance del fiscalizador ninguna actuación en materia económico-financiera. Además se deberán publicar esas cuentas consolidadas en el primer semestre del año siguiente al que se refieran y deberán recogerlas en la página web del partido.

5.- Las que pretenden aumentar el control necesario para prevenir, descubrir la corrupción y poder castigarla. Para lo que se propone la despolitización del Tribunal de Cuentas, evitando que políticos “controlen” a políticos.

6.- Publicitar a través de Internet, obligatoriamente, con claridad e inmediatez, la elaboración, aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos públicos de todas las administraciones y las sociedades, fundaciones y entidades públicas, así como las entidades privadas participadas directa o indirectamente por cualquier Administración Pública, o que presten servicios públicos.
Con el mismo objetivo se creará un registro público común de todas las subvenciones que se otorguen y se exigirá mayor transparencia en la gestión económica de los que las reciben. Igualmente transparentes deberán ser los sindicatos y organizaciones empresariales, que se financian en su mayor parte con subvenciones públicas.
Finalmente entre estas medidas activas de publicidad se plantea que las retribuciones de los altos cargos tanto monetarias como las que reciban en especie que vayan unidas al ejercicio de su cargo sean públicas y se cuelguen en las páginas web.

7.- Limitar las campañas de publicidad institucional. Se prohibirán las campañas que tengan como finalidad destacar los logros o los objetivos alcanzados por las administraciones, y las campañas de cualquier tipo que traten de vincular la labor de las administraciones al partido o partidos gobernantes y a sus cargos electos, representantes o candidatos.

8.- Medidas para evaluar las políticas públicas. Deberán fijarse públicamente indicadores que permitan esa evaluación. Ya que la transparencia no sólo consiste en saber en qué se ha gastado el dinero sino también en conocer si se han conseguido los objetivos propuestos.

Además se propone la necesidad de ejecutar medidas de austeridad, fijándose un umbral común máximo y mínimo de salario por categoría funcionarial, un número máximo de coches oficiales en función de criterios objetivos, etc. Por otra parte se quiere impulsar la evaluación del empelado público para que su promoción no quede al arbitrio de las libres designaciones del gobernante de turno, sino de sus méritos objetivos. Reformar la administración local.